Derechos Humanos, Jóvenes, Nicaragua, Tiempos, Violencia

La bala que mató a Alvarito

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Cartucho de granada lacrimógena. Foto: internet

Se llamaba Alvaro Conrado. Le decimos Alvarito de cariño. Tenía 15 años. El 20 de abril salió a escondidas de su casa y pasó comprando unas botellas de agua para llevarlas a un amigo que protestaba dentro de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) junto a cientos de estudiantes más. En eso estaba cuando la policía y grupos paramilitares atacaron a los estudiantes. Alvarito fue alcanzado por una bala en el cuello. Numerosos testigos dicen que la bala era de goma y la disparó un francotirador de la policía. Herido, fue trasladado a dos hospitales donde le negaron atención médica por órdenes del gobierno. Al llegar a un tercer hospital falleció mientras le practicaban una cirugía. Los médicos que lo atendieron afirman que de haber recibido atención a tiempo, habría sobrevivido.

Casi un mes después, cuando la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a la ciudad de Masaya a recibir denuncias de la represión policial realizada durante un mes completo contra miles de protestantes en todo el país, los pobladores les mostraron mesas llenas de cartuchos, casquillos y otros remanentes de municiones disparadas por la policía. La mayoría de esas municiones fueron fabricadas especialmente para la Policía de Nicaragua por la empresa española Falken S.A. Los cargamentos salieron de España con autorización del gobierno.

En el año 2016 la Policía de Nicaragua compró a España municiones y equipos antimotines por un monto aproximado de 1.5 millones de euros, un poco más de 1,600,000 dólares de Estados Unidos, al tipo de cambio de la época. Según el informe de la Secretaría de Estado de Comercio de España sobre la exportación de materiales de defensa para ese año, Nicaragua compró el equivalente al 21.4 % de las exportaciones en material policial y de seguridad. Una gran parte de la compra eran balas de goma, gases lacrimógenos y equipos antidisturbios. Ese comercio de muerte no es nuevo. Existe desde hace años. Algunos de los cartuchos tienen fecha de fabricación del año 2013 como el de la fotografía que acompaña a este texto y que fue recogido en Masaya.

¿Cuántas de esas balas y gases lacrimógenos se utilizaron en abril y mayo?, ¿cuántas están todavía en las bodegas policiales esperando ser disparadas?, ¿cuánto se ha pagado a esa industria nefasta? Ahora no lo sabemos con certeza, pero el recuento de víctimas que hizo la CIDH en su informe preliminar es terrorífico: 76 personas muertas, 868 heridas y 438 detenidas. La principal responsable fue la policía y los grupos paramilitares del gobierno. Una gran cantidad de jóvenes murieron por disparos con balas de goma; al menos 9 jóvenes perdieron uno de sus ojos por esas mismas balas. Con esas municiones se mató y se hirió.

Una de esas balas fue la que asesinó a Alvarito.

Managua, 23 de mayo de 2018

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